El daño cerebral adquirido afecta al cerebro de la persona y golpea el corazón de la familia, pero su carácter emergente, su incidencia, prevalencia y la severidad de sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas sacuden a la sociedad.
Según el observatorio de la discapacidad, en 2008 en España vivían 420 mil personas con DCA, de las cuales 56 mil viven en la Comunidad Valenciana. A estas cifras deberemos añadir los casos que han sobrevivido en la última década, ya que cada año se dan 104.701 nuevos casos. El 78% de los casos tuvieron su origen en un ictus y el 22% restante en traumatismos craneoencefálicos y otras causas.
El 65,03 % de las personas con DCA son mayores de 65 años, dato que se relaciona con la alta incidencia del ictus en un colectivo en el que la mayor parte del mismo (el 52%) son mujeres.
A pesar de este porcentaje, solo el 42% del total de personas con DCA que solicitaron valoración de su dependencia eran mujeres. Este punto sugiere una especial vulnerabilidad de las mujeres con daño cerebral, que solicitan en menor medida que los varones el reconocimiento administrativo de la discapacidad; situación que los investigadores relacionan con factores de edad y culturales. En el último caso, refiriéndose a la tradicional relegación de la mujer de los espacios públicos, que puede influir en la menor solicitud por su parte, o de su entorno familiar, de este certificado.
En palabras del Defensor del pueblo: Las implicaciones personales, familiares y sociales del daño cerebral sobrevenido alcanzan una gran trascendencia, por el carácter mixto de las secuelas discapacitantes que provoca al afectar las funciones superiores. Socialmente nueva, desconocida y parcialmente oculta, esta discapacidad plantea desafíos de colaboración e innovación al combinar tanto problemáticas de salud como sociales. El principal problema radica hoy en día en cómo el sistema sanitario alcanza una alta eficacia en las tasas de supervivencia, salvando vidas en su aspecto biofísico, sin que los poderes públicos (sanitarios y sociales) hayan dispuesto de forma coherente servicios de rehabilitación y sobre todo de integración social a medio y largo plazo, incluyendo a las familias. Esta paradoja se concreta en la expresión familiar, “se salva la vida, ¿y ahora?”.