Los derechos sexuales y reproductivos pertenecen a la categoría de Derechos humanos Universales, son condición necesaria de inclusión social. Sin embargo las personas con discapacidad acceden con dificultad a información, formación y servicios. Si adoptamos una perspectiva de género, la situación es aún más difícil. Las mujeres, jóvenes y niñas han de hacer frente a obstáculos culturales, basados en estigmas y estereotipos que ponen a la mujer en una situación de extrema vulnerabilidad; los obstáculos referidos a cuestiones de accesibilidad a la información, la formación y servicios; las prácticas forzosas como la esterilización forzosa, anticoncepción y aborto coercitivos y las terapias de atenuación del crecimiento, así como a la violencia sexual.
Estos obstáculos impiden el empoderamiento y libertad de las mujeres y niñas y deben tenerse en consideración en los programas formativos a los que necesariamente deben poder acceder las mujeres con discapacidad, sus familias y los profesionales que les prestan apoyo.
El segundo día del Congreso, abordó experiencias personales y organizativas del colectivo de personas con discapacidad intelectual, organizado en torno al movimiento de Plena Inclusión que ha realiza una apuesta decidida por defender este derecho fundamental.
